Pietragalla objetó que un magistrado se excusara del juicio Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, calificó como “alarmante” que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata haya permitido que uno de sus integrantes se excusara cuando estaba por comenzar el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros de detención clandestinos de Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes.

“No podemos permitir más dilaciones. Venimos impulsando la reanudación de los juicios suspendidos por la pandemia y el inicio de aquellos que tenían fecha fijada y que no pudieron empezar”, expresó el funcionario en declaraciones a Télam.

En ese sentido, alertó que “la pandemia de coronavirus no puede ser una excusa para que no se lleven adelante, hay jurisdicciones donde se reanudaron exitosamente” a través de medios electrónicos.

“El juicio por los crímenes cometidos en los ex centros de detención clandestinos Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes tiene tramos elevados a juicio desde 2012”, recordó el funcionario.

Pietragalla sostuvo, en ese sentido que “esta demora es injustificable” y dijo “que el Tribunal se quede sin uno de sus integrantes justo cuando estaba a punto de comenzar el juicio, es alarmante”.

“No podemos permitir más dilaciones, porque esto lleva indefectiblemente a la impunidad biológica y a la imposibilidad que las víctimas obtengan justicia”, aseguró el Secretario de Derechos Humanos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata hizo lugar a la excusación promovida por el juez Eduardo Guillermo Farah para seguir interviniendo en la causa porque debe cuidar a su madre de 86 años.

Farah comunicó en una nota al tribunal que “el estado de salud de mi madre, de 86 años de edad, que padece de un cuadro de afectación motriz y psiquiátrica importante, me exige estar disponible diariamente para contenerla y ayudarla en el proceso que atraviesa”.

El Tribunal, en ese sentido, pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que designe un juez subrogante y un cuarto juez para participar “en tal carácter en el juicio oral y público a celebrarse en lo inmediato”.

En la causa unificada de “Pozo de Banfield” y “Pozo de Quilmes”, que tiene 19 imputados, 429 víctimas y 400 testigos, se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos del “Circuito Camps”, que comandaba el genocida y ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps y funcionaban en la órbita de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Quilmes y en la de Banfield.

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