Un sacerdote de una parroquia de Berazategui será juzgado por el abuso de un monaguillo y otros menores luego de que sea rechazado el sobreseimiento pedido por la defensa.
Franco Lutens será enjuiciado por denuncias de abuso sexual y corrupción de menores que habrían ocurrido entre 2020 y 2023 en la parroquia Virgen María Madre del Pueblo de Berazategui.
El Juzgado de Garantías N° 4 de Berazategui elevó a juicio oral la causa penal contra el sacerdote en respuesta al pedido formulado por la fiscal Bárbara Velasco, titular de la UFIJ N° 8 de Quilmes, a la vez que rechazó el sobreseimiento peticionado por la defensa técnica del acusado.
La resolución judicial ordenó además la realización de un Juicio por la Verdad por otros dos hechos denunciados entre 1998 y 2012 que para el Código Penal prescribieron.
La investigación se inició tras denuncias presentadas por víctimas, cuyas identidades se mantienen bajo reservaUno de los primeros en denunciarlo fue un catequista de 19 años, quien luego sumó a otros dos compañeros que se dedicaban a la misma tarea.
Lutens fue apartado de su cargo en junio de 2024, cuando se conocieron las primeras denuncias públicas en redes sociales y la causa penal comenzó a tramitarse formalmenteLa causa continúa en etapa de investigación y Lutens será trasladado en las próximas horas para prestar declaración indagatoria ante la fiscalía.
Al religioso se lo acusa de “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado agravado por ser cometido por un ministro de culto, en concurso real entre sí, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados por ser cometidos por un ministro de culto en concurso real entre sí y corrupción de menores agravada reiterada”.
El obispo Carlos Tissera hizo público su «más profundo dolor por el sufrimiento que atraviesan las personas afectadas y sus familias» y reafirmó «la plena disponibilidad del Equipo Diocesano para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables para continuar brindándoles contención y acompañamiento integral en todo momento», indicó la Diócesis de Quilmes.
Además reiteró su «compromiso inalterable de seguir colaborando de manera activa, transparente y respetuosa con las autoridades judiciales, en el marco del proceso legal».
Tissera y el obispo auxiliar Eduardo Redondo recordaron la vigencia del Protocolo de Prevención de Abusos y Promoción de Ambientes Seguros y ratificaron la absoluta obligatoriedad y el carácter vinculante para “ministros ordenados, agentes de pastoral, personas remuneradas o voluntarias que se vinculen con menores o adultos vulnerables en todo el territorio de nuestra diócesis»
En ese sentido, “el silencio o el incumplimiento de estas normas constituyen una falta grave a nuestra misión de cuidar y proteger”.
Con información de Data Judicial y Diario El Sol
