El gremio docente SUTEBA pidió la «intervención inmediata del Estado» para frenar la ola de amenazas y hechos de violencia en las escuelas de Quilmes y de toda la provincia a la vez que consideró que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado Nacional de sus responsabilidades«.
Las escuelas de Quilmes y de toda la provincia atravesaron esta semana múltiples amenazadas bajo una modalidad difundida por tik tok que llevó a muchos alumnos a advertir con la frase «manana tiroteo» que se produciría una matanza, a la vez que se volvió a registrar la presencia de estudiantes con armas y hechos concretos de violencia.
«Ante la amenazas y hechos de violencia que se vienen registrando en distintas Escuelas de la Provincia, el SUTEBA se comunicó con la Directora ProfFlavia Terigi, solicitando la inmediata intervención de la DGCyE y la convocatoria URGENTE a la INTERMINISTERIAL», se informó en un comunicado.
Desde el gremio docente «expresamos nuestra profunda preocupación ante esos episodios que impactan profundamente en las Comunidades Educativas».
En ese sentido, explicaron que «nuevos escenarios de conflictos son promovidos desde territorios virtuales por los que cotidianamente transitan nuestros alumnos, e impactan violentamente en sus vidas cotidianas y en la Escuela».
Interpretaron que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado Nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias. Lo que ocurre por fuera de la Escuela inevitablemente ingresa en ella y hace necesario el compromiso de las familias como parte fundamental de la Comunidad Educativa».
Suteba pidió:
- Que se convoque en forma urgente a la INTERSECTORIAL en los Distritos y a la INTERMINISTERIAL en la Provincia.
- Jornadas institucionales con la participación de la comunidad educativa para profundizar en la implementación de los protocolos pertinentes y diseñar acciones necesarias.
- Intervención inmediata del Estado para que se investigue los delitos cibernéticos y se actúe en consecuencia.
